Con 5 votos en contra y 2 a favor, el día de hoy, miércoles 24 de marzo, la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa dictaminó negativamente el Proyecto de Ley No. 23702, “Alivio de costos para establecimientos comerciales”, con lo cual el texto queda archivado.
Esta iniciativa buscaba que los establecimientos comerciales que hacen comunicación al público de obras musicales obteniendo un beneficio directo o indirecto, como lo establece la ley, no tuviesen que contar con una licencia ni pagar a las entidades de gestión colectiva el monto correspondiente por la explotación comercial de estas, lo cual es contrario a compromisos asumidos por nuestro país mediante tratados internacionales.
En esa línea se manifestaron el diputado Manuel Morales y la diputada Sofía Guillén para justificar su negativa a continuar con la tramitación del proyecto, amparándose en los criterios técnicos del Registro Nacional, del Ministerio de Cultura y Juventud, del Ministerio de Comercio Exterior, del Ministerio de Economía, Industria y Comercio y de la Procuraduría General de la República.
A las voces de Morales y de Guillén se sumaron las de Kattia Rivera, Monserrat Ruíz y Katherine Moreira, quienes se refirieron a la importancia que tiene el sector cultura para el país y a las condiciones adversas en las que las personas trabajadoras del sector se desempeñan; condiciones que, de aprobarse una propuesta como la archivada el día de hoy, se agravarían. Las diputadas y el diputado que votaron en contra de Proyecto de Ley también enfatizaron en el hecho de que el derecho de autor es un derecho humano cuyo reconocimiento el Estado debe garantizar.
Desde ACAM, AIE y Fonotica celebramos esta decisión de Comisión; pero también expresamos nuestra disposición al diálogo y la búsqueda de acuerdos con los distintos sectores de usuarios de la música. Tomamos nota de las inquietudes, molestias y dudas que puedan existir en relación con los derechos de autor y los derechos conexos, la naturaleza de nuestras organizaciones y los procesos que conlleva la gestión colectiva que hacen de estos derechos de propiedad intelectual.
El espíritu que nos guía es el de buscar un equilibrio entre los intereses de los distintos actores que forman parte de la economía del país. Sin embargo, ese equilibrio no se puede lograr despojándonos de nuestro legítimo derecho a recibir una justa remuneración por el uso con fines comerciales del producto de nuestro trabajo.