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2 de Febrero de 2012

Denuncia interpuesta por las y los artistas musicales costarricenses
ante la Defensoría de los Habitantes de la República

I. ANTECEDENTES

1. En noviembre del 2010, las y los artistas musicales de Costa Rica, acudimos ante la Defensoría de los Habitantes, para denunciar que la Administración Arias, en los últimos meses de su mandato, había tomado una serie de decisiones políticas, de manera parcializada y arbitraria, que lesionaron gravemente nuestros derechos como titulares de obras artísticas, por lo que la Defensoría inició una investigación del caso.

2. Estas medidas, que nos despojan de nuestros derechos, se tomaron modificando irregularmente los compromisos asumidos por el país en varios convenios internacionales, y en contra de los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José); así como en la Constitución Política (artículo 27) y en la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, No. 6683.

3. Una de esas medidas, tomada en agosto del 2009 y que nunca se consultó a nuestro gremio, fue plantear reservas a convenios internacionales que Costa Rica suscribió desde 1971, para evitar que fueran de acatamiento obligatorio. Así se logró que los radiodifusores comerciales no tengan que pagar derechos conexos de propiedad intelectual a las y los artistas musicales y a los productores de fonogramas, que incluye al 100% de los artistas costarricenses, pues son sus propios productores. (Se plantearon reservas al Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, conocido como WPPT; y a la Convención Internacional para la Protección de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y Organismos de Radiodifusión, conocido como Convención de Roma).

4. El Gobierno no sólo presentó reservas a esos convenios, sino que en octubre del 2009 promulgó el decreto ejecutivo N°35536-MP, con el cual suprimió el artículo 4 del Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Conexos, donde se establecían mecanismos de control, por parte de las municipalidades, para el uso comercial de nuestro repertorio como artistas musicales. Así, se eliminó el medio del que disponíamos los y las artistas, para garantizar el derecho que tenemos a recibir una justa remuneración por el uso comercial de nuestras creaciones (ejecuciones, interpretaciones, producciones).

5. Planteada la denuncia, por parte de los artistas musicales costarricenses afectados en sus derechos legítimos, la Defensoría de los Habitantes inició una investigación de este caso, que concluyó con un informe presentado al Gobierno y a la partes en diciembre anterior, cuyas principales conclusiones se resumen a continuación.

II. CONCLUSIONES DEL INFORME DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES:

1. La Defensoría comprobó que la decisión de presentar reservas a los tratados internacionales (Convención de Roma y Convención Internacional para la Protección de Artistas y Ejecutantes) nunca fue consultada con todos los sectores afectados por el tema, contrario a lo que afirmó la entonces Ministra de Justicia, Viviana Martín, en un oficio dirigido a la Cancillería de la República (página 24 del informe de la Defensoría).

2. El único sector interesado que tuvo amplia injerencia en el tema y sobre las actuaciones del Gobierno, fue la Cámara Nacional de Radio (CANARA), cuya participación fue contraproducente y más allá de la de un simple consultor (página 24 del informe de la Defensoría).

3. No hubo ningún criterio técnico que justificara la presentación de reservas a los convenios internacionales y, si bien este acto es propio de la soberanía del país y los tratados brindan esta posibilidad, esto no puede ser una justificante para lesionar el ámbito de protección constitucional que gozan las y los artistas musicales como titulares de derechos conexos (página 25 del informe de la Defensoría).

4. La Defensoría concluye que la intervención del Poder Ejecutivo en el conflicto entre las y los artistas musicales y radiodifusores fue errónea (pág. 26), y que la resolución del conflicto se pudo haber logrado sin llevar a cabo medidas extremas que afectan la protección de derechos fundamentales reconocidos por la legislación nacional desde hace muchos años (página 27 del informe de la Defensoría).

5. La Defensoría agrega que el Estado pudo mediar en la resolución del conflicto y en la definición de las tarifas, pues la misma Convención de Roma en el artículo 12 le da esa posibilidad; pero en su lugar, el Gobierno aplicó medidas restrictivas y excluyentes a las y los artistas musicales, como titulares de derechos conexos (página 27 del informe de la Defensoría).

6. La Defensoría determinó que solo 12 países a nivel mundial han hecho algún tipo de reserva similar a las efectuadas por Costa Rica y a nivel latinoamericano, solo nuestro país ha planteado este tipo de reservas. Para este caso, se impone que el Gobierno de la República retire las reservas (página 29 del informe de la Defensoría).

7. El Poder Ejecutivo debió dar audiencia a las y los artistas musicales para que pudieran emitir sus criterios, tanto sobre las reservas que se iban a solicitar, sobre los convenios internacionales, como sobre los alcances del decreto. Según la jurisprudencia de la propia Sala Primera, el incumplimiento del requisito de la audiencia vicia la norma en un grado de nulidad absoluta, y no se constituye en un trámite meramente formal, sino que es un aspecto esencial (página 32 del informe de la Defensoría).

III. NUESTRAS DEMANDAS
En concordancia con lo recomendado en el informe de la Defensoría:

1. Exigimos al actual Gobierno, acatar las recomendaciones dadas por la Defensoría de los Habitantes en su informe final, y retirar las reservas presentadas por Costa Rica al artículo 12 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión (Convención de Roma) y al artículo 15 párrafo 1 del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), de modo que las empresas radiodifusoras reconozcan la justa retribución que nos deben, por la utilización comercial de las obras que interpretamos.

2. Pedimos derogar el Decreto Ejecutivo Nº 36014-MP-COMEX-J, que modificó el reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, para eximir a los radiodifusores del pago de los derechos que justamente nos corresponden.

3. Pedimos que el Poder Ejecutivo convoque a una mesa de diálogo con las partes relacionadas con el tema -una vez concretado el retiro de las reservas y la derogatoria del Decreto Ejecutivo 36014-MP-COMEX-J, y actúe como mediador en la definición criterios técnicos que establezcan una tarifa justa y equitativa para ambas partes, respetando lo establecido en las normas y que tutelan los derechos de las y los artistas musicales.

4. Exigimos el cumplimiento de la recomendación de la Defensoría de los Habitantes, la cual considera que la Comisión de Ministros, que se había nombrado en febrero del 2011 para atender esta situación no ha cumplido con su tarea, por lo que recomienda cambiar su integración, o disolverla, y encargar al Ministerio de Justicia -como rector del tema de propiedad intelectual en el país- junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que procedan con el retiro de las reservas; y con la derogatoria del decreto respectivo.

IV. PETICIÓN A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

1. Solicitamos respetuosamente a las y los representantes de la Asamblea Legislativa, como primer poder de la República, ser vigilantes del cumplimiento de los convenios suscritos internacionalmente y de las leyes nacionales, por parte del Poder Ejecutivo.

2. Dar seguimiento al Informe de la Defensoría de los Habitantes, que hoy estamos poniendo en sus manos, y a las acciones que deba tomar el Poder Ejecutivo con respecto a la situación denunciada.

3. Así mismo solicitamos a las diputadas y los diputados, archivar de manera definitiva, o dictaminar negativamente, el proyecto de Ley 17.719, con el que se pretende eliminar los mismos derechos que hoy estamos defendiendo.

4. También solicitamos a las diputadas y los diputados poner en conocimiento de la comisión respectiva, y del Plenario Legislativo, el proyecto de ley 17.878, para la interpretación auténtica del término “autoridad”, contenido en la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, para dar claridad a los mecanismos por los cuales podemos ejercer efectivamente nuestro derecho a una retribución económica justa, por la utilización comercial de nuestro trabajo creativo.

Descargue aquí el informe completo de la Defensoría de los Habitantes sobre la denuncia planteada por las y los artistas musicales costarricenses.


 
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